UGT critica la falta de capacidad de dialogo de la Consejería de Salud para llegar a acuerdos y la desinformación absoluta sobre las medidas que dicen haber aprobado

Un día más UGT vuelve a concentrarse ante las puertas de los centros sanitarios de Andalucía, y hoy en Huelva, en el Hospital Infanta Elena, para reclamar un acuerdo de mejoras para todos/as los/as profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y exige dialogo y negociación tal y como se comprometió el Presidente de la Junta de Andalucía y así también lo dice el mandato del Parlamento andaluz.

Por otro lado desde UGT pedimos transparencia a los gestores del SAS, ya que tras una semana de la Mesa Sectorial donde anunciaron “mejoras” todavía no tenemos cómo van a desarrollarse esas mejoras, en qué condiciones y ni siquiera se conocen las cifras de las mismas. 

Ni conocemos los 4 días de vacaciones a partir de cuándo se pueden tomar y en qué condiciones. Ni se conoce cuánto corresponde a cada categoría profesional por la “paga COVID”.

Ni nos aclaran la subida por hora de guardia cuánto corresponde, ni las noches y festivos sabemos cantidades por categoría. 

En definitiva ni se aclaran ellos ni quieren aclarar a los/as profesionales cómo, cuándo y cuánto son esas mejoras, algo inaudito en la historia de la Consejería de Salud. Más aún cuando el señor Gerente del SAS y la Viceconsejera de Salud se comprometieron a convocar de manera inmediata una Mesa Sectorial para explicar detenidamente el contenido de esas “mejoras”. 

UGT seguirá reivindicando aspectos fundamentales como la Carrera Profesional, el desarrollo de de la Función Administrativa, la consolidación del Complemento de Rendimiento Personal, el desarrollo de las especialidades de enfermería, la revisión de las ratios de profesionales, la adaptación de funciones de las TCAEs, las mejoras de las urgencias, el mantenimiento público de nuestros centros, las mejoras en la Atención Primaria, etc, en definitiva mejorar las condiciones de nuestros/as profesionales y del Sistema Sanitario Público.

La Junta dé Andalucía incumple sus acuerdos con ASSDA por la puerta de atrás

La Junta incumple sus acuerdos por la puerta de atrás

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía está incumpliendo el acuerdo de Mesa General del 19 de junio de 2020, impidiendo la conciliación de la vida laboral y familiar de su plantilla (con más de un 80% de mujeres) en los Servicios de Valoración a la Dependencia como en las Comunidades Terapéuticas, en la Provincia de Huelva, tras la Desestimación  en bloque de las solicitudes de flexibilización realizadas.

No podemos olvidar que las trabajadoras y trabajadores de la Agencia han estado teletrabajando desde el inicio del Estado de alarma sin que esto haya supuesto una merma en el desarrollo de sus funciones y en la gestión de sus tareas.

Del mismo destacar que la Agencia ha denegado de forma MASIVA todas las solicitudes de valoración de personal especialmente sensible de las trabajadoras y trabajadores considerados grupos vulnerables según los parámetros establecidos por el Ministerio de Sanidad, sin que se haya valorado cada caso de forma individual. 

Desde UGT EXIGIMOS a la ASSDA que de marcha atrás y cumpla con el acuerdo de Mesa General del 19 de junio de 2020.

El Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Igualdad en Huelva denuncia la situación de la Residencia para Mayores “ LA ORDEN”

La  Presidenta del Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Huelva, Toñi Robledo  y por acuerdo de éste denuncia la situación que, a diario, se vive en el Centro Residencial para Mayores “La Orden” de Huelva, perteneciente a ésta Delegación Territorial.

Desde el año 2008, con la publicación de la Orden de 11 de febrero, por la que se regula el procedimiento y requisitos para el ingreso en un Centro Residencial de Personas Mayores por sufrir una situación de exclusión social, este centro, al igual que el resto de centros de titularidad pública de la Junta de Andalucía, acoge a personas desde 60 años en esta situación. Estas personas sufren desigualdad, sin vivienda, recursos económicos, apoyo socio-familiar, garantizándoles, de este modo, un recurso social que intenta ofrecer una atención integral.

Muchos de ellos ingresan manteniendo unas conductas adictivas muy elevadas con nula predisposición a iniciar tratamiento de desintoxicación, provocando en multitud de ocasiones situaciones conflictivas, y rechazando cualquier intervención profesional.

Continuamente los trabajadores sufren insultos, vejaciones, amenazas e incluso agresiones. Las trabajadoras, cuando les limpian sus habitaciones, son echadas de las mismas, en el comedor, en el servicio de clínica. Llegan al centro en estado de embriaguez, lo que suele desembocar en situaciones conflictivas e  incluso agresiones, en las que tiene que intervenir la seguridad del centro cuando está presente, pues sólo cubre parte del horario. Situaciones que alteran, de manera significativa, la convivencia y que tienen que sufrir tanto los residentes como los trabajadores del centro, viéndose inmersos en situaciones de peligro cada vez que no pueden ser atendidos los de la manera por ellos

Este Comité entiende que, indiscutiblemente, estos residentes deben permanecer en un centro específico que cubra sus necesidades, con intervención, supervisión, apoyo y seguimiento profesional especializado, adecuado y continuado. Igualmente, deben disponerse las herramientas adecuadas para tratar conductas adictivas, de las que se carece.

Desde este Comité queremos denunciar que no es un hecho puntual como afirmaba la Delegada Territorial Dª Estela Villalba estos días atrás en la prensa ante  la última agresión. La falta de medios técnicos y humanos, de la formación específica necesaria para atender con garantías este tipo de conductas disruptivas, la baja sociabilidad, el consumo de sustancias y conductas adictivas disparan el nivel de agresividad. Todo ello unido a la falta de vigilancia 24 horas hace que los trabajadores no puedan ir a trabajar con una mínima tranquilidad. Los trabajadores observan como la impunidad reina ante hechos tan graves como amenazas de muerte y agresiones de determinados residentes hacia los trabajadores del centro. La única solución disponible y recogida en el reglamento de régimen interno de los centros es el traslado a otro centro de estas mismas características en otra provincia, lo cual, lejos de solucionar el problema, lo que hace estrasladarlo.

El Comité lleva reivindicando durante años la mejora de las precarias condiciones laborales y la falta de seguridad. Los trabajadores tienen derecho a asistir al trabajo sin temor a ser insultado, amenazado o agredido físicamente. No existe el reconocimiento de centro específico en nuestro caso, del plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad, no existe una evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo. Tampoco contamos con un protocolo de agresiones específico para el centro.

El día 17 del presente mes ha sido la última agresión. Un trabajador, al intentar mediar con un residente en estado de embriaguez, recibió de éste un brutal bastonazo que impactó en su cabeza. Tenemos a otra trabajadora de baja laboral desde hace varios meses por otra agresión. No es la primera en esta situación. No es un hecho puntual, es algo que es desgraciadamente cotidiano y que se viene denunciando a nivel interno desde siempre, que se ha comunicado a la Delegación Territorial en muchas ocasiones y también se ha cursado informe a la Dirección General de Mayores de la Junta de Andalucía, y se continúa sin tomar las medidas oportunas.

No es lícito que los trabajadores acudan a su puesto de trabajo en situación de miedo, ansiedad, y escondiéndose para no provocar situaciones conflictivas.

Por todo ello, este Comité exige a la Delegación Territorial que se tomen medidas inmediatas y efectivas para controlar la situación.